La aprobación de los Estatutos Sociales Finales por el IFT

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Sobre la partición de Telmex

Separar en una empresa diferente a Telmex la red local y lo que denominan infraestructura pasiva (torres, postes, ductos, pozos, registros, estaciones, radiobases, sitios de transmisión “y los demás existentes”) implica partir en dos a Telmex. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, brazo gubernamental de los grandes oligarcas de las telecomunicaciones en nuestro país, incluido el emporio de los Slim, impuso que esta nueva empresa se quede con los servicios mayoristas relacionados con dicha red local y la infraestructura pasiva.[1]

Pero hay otros servicios mayoristas que no están relacionados con la red local y los postes, ductos, pozos, etc. De estos, Telmex dice que el IFT decidió lo siguiente: “El resto de los servicios mayoristas serán prestados por una unidad de negocio en Telmex-Telnor distinta a la que presta los servicios de telecomunicaciones a usuarios finales.”[2]

Esta unidad de negocio puede ser un área dentro de Telmex-Telnor, una filial o una subsidiaria. En realidad el IFT no especifica.

Y la pregunta central sigue siendo la misma: ¿En realidad con esta imposición del IFT Telmex dejará de ser empresa dominante y el mercado se repartirá entre otras empresas en las que ninguna concentre más de la mitad? Y la respuesta también sigue siendo la misma: NO.

No, porque la separación es una medida organizacional y administrativa. Las otras medidas: facilitarle a las empresas competidoras el uso de la red de Telmex casi gratis y brindarles gratis la tecnología con que cuenta Telmex,[3] no va a provocar un cambio drástico en la estructura del mercado mexicano de las telecomunicaciones porque el problema central es de inversión.

¿Los usuarios preferirán irse con una empresa revendedora u otra de telecomunicaciones que no cuente ni con la tecnología ni con la infraestructura para garantizar la calidad del servicio que vende porque no está dispuesta a realizar las grandes inversiones de capital que demandan las telecomunicaciones? NO.

Solo con grandes inversiones de capital por parte de empresas como ATT, Telefónica, IZZI y Telmex misma es posible reconfigurar el mercado de telecomunicaciones. Pero la gran limitante de esto es que no es económicamente viable meterle tanto dinero a esto mientras tengamos un país con el 80%  de su población en condiciones de pobreza. Estas son las consecuencias de las políticas públicas de los gobiernos neoliberales de mantener una mano de obra baratísima, precarizada, como gancho para atraer capitales externos.

De esta suerte, lo que tendremos con las medidas del IFT será una destrucción gradual del mercado de telecomunicaciones, su achicamiento, y con ello una desindustrialización de la rama, pues para ninguna empresa resultará rentable invertir grandes masas de capital cuando la ganancia no está garantizada con este nuevo esquema regulador.

De momento,  de los 3,883 concesionarios y 1,197 permisionarios y autorizados existentes[4], los peces gordos sacarán jugo de esta regulación, pero será producto de cómo quede negociado el saqueo a Telmex-Telnor. Y después de esto, el debilitamiento de las telecomunicaciones.

Las dos decisiones administrativas y organizacionales le benefician a Telmex-Telnor: la separación de la red local y la pasiva en una nueva empresa, más una nueva división que se lleve el mercado mayorista, disminuirán el peso de los Activos Totales, bajarán los costos y también el pago de impuestos. Todo esto hará subir sus ganancias en plena tormenta regulatoria.

Los grandes perdedores, si lo permitimos, seremos los trabajadores, particularmente los de Telmex, pues constituye un gran golpe al contrato colectivo de trabajo, al partirse casi por la mitad. Esto le brindará la ocasión al patrón para tratar de afectar nuevamente las prestaciones. Al separar la red local y la infraestructura pasiva, los telefonistas que vayan a caer en esta nueva empresa entrarían en la incertidumbre de una negociación donde en el mejor de los casos sus derechos actuales quedan amparados, pero no así los de los trabajadores de nuevo ingreso. Como se ha visto, a estos últimos se les rasuran las principales prestaciones y los que ganan son los dueños del negocio.

La sola partición debilita el contrato colectivo de trabajo. Y con el vetusto líder, sumiso a los intereses de la familia Slim, la negociación para preservar sus derechos ahora en la nueva empresa se convierte en una gran oportunidad para los dueños de Telmex de reducir los costos a expensas del telefonista.

Pero los telefonistas que se queden en Telmex-Telnor también salen perjudicados porque reducida su plantilla casi a la mitad, se debilitará su fuerza de acción y de negociación. Divide y vencerás.

Todas estas razones no dejan lugar a dudas: los trabajadores sindicalizados que componen todo el sindicato de telefonistas debemos impedir la fractura de Telmex, porque equivale a impedir la fractura de nuestro contrato colectivo de trabajo y de nuestra fuerza.

Nosotros afirmamos categóricamente que no es necesario partir en dos o tres empresas a Telmex para que se cumplan los requisitos del IFT en torno a la dominancia y por lo tanto, no es necesario tampoco afectar nuestro contrato colectivo de trabajo.

Como se presentan las cosas, el golpe a nuestro contrato colectivo viene tanto de parte del gobierno federal a través del IFT como de los mismos dueños de Telmex, y no dudamos que estén acomodando las piezas para que más adelante le autoricen a Telmex la transmisión de señales de TV a través de esa nueva empresa producto de la partición o mediante una filial, en caso de que impidamos la fractura de Telmex.

Hernández Juárez ha establecido un plan de movilización, hasta llegar a la huelga, aunque esto último nunca lo ha llevado a cabo. Las 4 huelgas de 1978, 1979 (2) y 1980 fueron decisión de la base; él estuvo en contra de las cuatro huelgas, aunque ya se sabe el caminito de aceptar nuevas empresas con contratos colectivos precarios o incluso con contratos de protección, aunque eso sí, cobrando las cuotas sindicales.

Hoy, como en otras ocasiones, es nuestro deber la defensa del CCT que nos heredaron otras generaciones de telefonistas; que lucharon, se sacrificaron,  fueron a huelgas, algunos fueron encarcelados, otros fueron despedidos y hoy no gozan de jubilación, y aun así no se rindieron por conseguir mejores condiciones de vida para las generaciones futuras. No tenemos derecho a defraudar a esos compañeros, ni a nosotros, ni a los que vienen después de nosotros.

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[1] Instituto Federal de Telecomunicaciones. Cuarta Sesión Extraordinaria de 2017. Versión pública del Acuerdo P/IFT/EXT/270217/119.Art. 65, p. 1,093. México.

[2] Telmex. Comunicado a la BMV del 8 de marzo de 2017.

[3] Medidas comprendidas en el oscuro lenguaje del IFT y bautizadas como principio de equivalencia de insumos, replicabilidad técnica y replicabilidad económica.

[4] IFT (2017), p. 1,167

Fallece un trabajador en la construcción del nuevo edificio de la Caja de Ahorro de los Telefonistas

El pasado 16 de marzo de 2017 al parecer se desplomó una parte de la estructura en la construcción del nuevo edificio corporativo de la Caja de Ahorro de los Telefonistas en la calle de Serapio Rendón 125, a cargo de la empresa ARTDECO, propiedad de uno de los hijos de Francisco Hernández Juárez: Claudia Hernández Castro y de Salvador Ochoa, su yerno, provocando la muerte de un trabajador y cinco heridos más. Es la segunda vez que se le viene abajo una construcción. La primera, cuando construyeron el edificio de Serapio Rendón que aloja al centro de capacitación del sindicato de telefonistas, cuya reparación no pagó la constructora, como debió haber sido, sino que fue a cargo de las cuotas sindicales.

De lo anterior caben las siguientes razones: 1) Se les viene abajo lo que construyen porque en aras de ahorrarse costos, ponen materiales de mala calidad,  2) No saben hacer las cosas, 3) Lo hacen a propósito porque así cobran más por el importe de las reparaciones y 4) Una combinación de las anteriores.

Pero esta ocasión, cualesquiera que hayan sido las causas, ya cobró la vida de un trabajador y la hospitalización de otros más. La familia de Eduardo Mendoza Zúñiga llora su fallecimiento y se queda en el desamparo, mientras que la suspensión de actividades que por homicidio había impuesto el Gobierno de la CDMX, al parecer ya quedó sin efecto, probablemente por podero$a$ razone$.

Como había sido denunciado por el Secretario General del SNTCAT[1], el sindicato incómodo a Hernández Juárez, esta construcción está llena de irregularidades: un simulacro de licitación a favor de la empresa ARTDECO, donde la Caja de Ahorro de los telefonistas pagó un adelanto a esta empresa antes de la autorización formal de la licitación; el costo total de la construcción será carísimo, pues de acuerdo a la denuncia hecha, ARTDECO cobrará 316 millones de pesos por 4,379 metros cuadrados de construcción (o sea, ¡$72,162.60 por metro cuadrado!), más 112 millones por un sistema de seguridad que implementará la otra empresa de los hijos de Francisco Hernández Juárez llamada GJ Telecomunicaciones e Informática, cuando el costo del Acuario que mandó construir la familia Slim en Polanco fue de 250 millones de pesos, incluidos los servicios,  en una obra de 3,500 m2 con 4 niveles.

Pero el costo total no acaba en esos 428 millones de pesos porque, según la denuncia, el contrato con la segunda empresa apenas es para una “primera fase”. O sea, que costará mucho más.

Después del accidente, los altos funcionarios de la Caja de Ahorro de los Telefonistas se empecinaban en esconder a la empresa de la familia Hernández Juárez, pues hablaban de manera genérica de “La Constructora” y no de ARTDECO. Según la inspección que hicieron los noticieros poco después de ocurrido el accidente, el personal que se encargaba de la vigilancia en la construcción impidió el paso a los cuerpos de rescate por al menos 30 minutos, lo que pudo derivar en más trabajadores fallecidos. Pero lo sorprendente es que finalmente al entrar los noticieros televisivos a la construcción, además de encontrar fragmentos retorcidos de estructura metálica, documentaron que había maquinaria pesada de dragado ¡suspendida entre la estructura metálica¡, como se puede ver en las fotografías. De milagro (y no lo decimos por exagerar) no ocurrieron más fallecimientos.

Y luego se molesta la familia Real cuando exigimos honestidad, transparencia y reparto de los remanentes.

Dejamos, pues, estas fotografías como testimonio de lo que deja el nepotismo y la corrupción.

Nótese el reducido espacio para  atravesar la excavación profunda

 

¿Maquinaria pesada atravesada en la estructura metálica?

¿Es esto seguridad en el trabajo?

¿Qué provocó que la estructura metálica se doblara?

¿Primero se levanta el edificio y luego se hace la excavación profunda, probablemente para un estacionamiento?

  

 

¿Por qué el personal de seguridad contratado por el STRM para cuidar la seguridad de los telefonistas se encontraba en labores de control del acceso y de vigilancia en la construcción?

¿También están al servicio de ARTDECO pagados con nuestras cuotas sindicales?

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[1] Denuncia de Edgar Heras E., Srio. General del SNTCAT. Canal del SNTCAT en Youtube. 19 de agosto de 2016.

Sentamos precedente jurídico

Por Jorge Zambrano González

   La lucha contra la antidemocracia de Francisco Hernández Juárez al frente de nuestro sindicato ha dada recientemente un logro para la democracia obrera en el país. Se trata del asentamiento de un precedente jurídico para que una o varias personas puedan inconformarse  y demandar contra un acto ilegal o violación de normas que los afecte aunque no sean mayoría e involucre a todos los miembros del sindicato. En otras palabras, aunque la mayoría acate los mandatos sin decir nada, uno solo puede enfrentar una mala decisión de las autoridades sindicales.

   Desde el pasado 2008 un grupo de telefonistas hemos intentado revertir la reforma estatutaria cuyo procedimiento de aceptación fue violentando los estatutos, fuera de asambleas seccionales y sin las suficientes firmas. Después que pedimos revisión al Comité de Vigilancia y ser ignorados por éste, interpusimos una demanda de anulación del proceso ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, pero la Junta no recibió la demanda porque decidió que éramos muy pocos para impugnar una medida que afectaba a todos los miembros del sindicato. ¡Claro que no éramos la mayoría! De ser así tendríamos otro CEN o al menos una reforma estatutaria más justa. Esta fue la primera vez que nos señalaron como minoría insuficiente para una impugnación de esa envergadura.

   No conformes con la medida, recurrimos al amparo en el tribunal laboral quien sentenció que desde luego que podíamos y debíamos demandar cuando nuestros derechos se vieran afectados por medidas sindicales aún que no fuéramos mayoría. Así las cosas La Junta de Conciliación tuvo que admitir nuestra demanda y el juicio continuó por ocho años con descartes, traspasos del caso a otras juntas, amparos, presentación de pruebas hasta que, hace un año, la Junta de Conciliación emitió un laudo en el que, nuevamente, indica que no somos el número suficiente de miembros para impugnar una norma que afecta a todo el gremio sindical. Su determinación se basaba en una sentencia para los trabajadores petroleros en cuyos estatutos se prohíbe éste tipo de disidencia. Y para que amarrara el laudo, el jurídico del STRM interpuso un amparo adhesivo, que significa que apoya la decisión de la Junta de Conciliación contra nosotros.

   Interpusimos un nuevo amparo contra el laudo por ser cosa juzgada pero el tribunal laboral cedió a la Suprema Corte de Justicia la decisión del caso, la cual nuevamente nos dio la razón y ordenó a la Junta ir al fondo de la demanda y ya no andarse por las ramas. De paso, desechó el amparo adhesivo que presentó el jurídico de Hernández Juárez.

   Aquí lo importante es que fue la Suprema Corte quien dictó sentencia: Aunque sea uno sólo o un grupo pequeño puede demandar contra la afectación de sus derechos. En el caso muy extendido entre los sindicatos de que una mayoría no proteste contra los abusos de sus dirigentes, una minoría con buenas razones puede combatir esas imposiciones de sus dirigentes. Las minorías también contamos y la democracia avanza. No como nos quiere Francisco: calladitos y acatando.

   La demanda contra la reforma estatutaria seguirá su curso con sus propios altibajos hasta que llegue a puerto. Mientras tanto ya produjo un buen resultado: Sentamos un precedente jurídico.

Fibra Sindical. Órgano de La Asociación Mexicana de Trabajadores Activos, Jubilados y Pensionados 22 de abril, A.C., afiliada a la Nueva Central de Trabajadores. Comité Editorial: Jorge Zambrano González. (Querétaro, Qro.); Arturo Figueroa Saucedo, (Hermosillo, Son.); Hugo Márquez Madrigal (Lagos de Moreno, Jal.); Jesús Cuevas Ortiz, Melesio Ávalos Méndez, Miguel Ángel Lara Sánchez, Pablo Ángel Lugo Colín,  Ramón E. Félix Vázquez, Rosa María Ortiz Camacho y C. Benito Méndez Castro (Sección Matriz). Correo de la Asociación:  jubiladosypensionadosac@gmail.com Facebook: jubiladosypensionadosac Los artículos firmados no necesariamente reflejan la opinión del Comité Editorial.

Como las rebanadas de jamón

Silencio sepulcral es la actitud del eterno secretario general acerca del impuesto al fondo de ahorro. La situación nacional por el gasolinazo le dio el pretexto perfecto para eludir los problemas internos que tenemos.

Una vez que se nos entregó el premio al fondo de ahorro, nos dimos cuenta que los malabares que hicieron los funcionarios de Telmex y los eternos comisionados del sindicato, de nada sirvieron para esconder la realidad.

A unos nos llegó apenas un poco más de lo que recibimos en diciembre de 2015, pero a todos los telefonistas, tanto activos como jubilados, nos llegó menos de lo que nos hubiera correspondido sin aplicar el 1.53% adicional. Lo que no recibimos equivale aproximadamente a 1.7% sobre el total del ahorro, y representa una cantidad que va entre $1,200.00 y $1,800.00 por trabajador. Multiplíquenla por unos 54 mil telefonistas activos y jubilados, y veremos que la afectación es grave, siendo de unos 80 millones de pesos que perdemos, pero que van a parar a manos del patrón.

Sin embargo, aquí no termina la afectación. Los compañeros que tienen los niveles salariales más altos resultaron los más afectados, pues ellos recibieron una cantidad aproximadamente $1,500.00 menor a la que obtuvieron en 2015 debido a que en muchos casos brincaron al nivel siguiente de la tabla de descuento del ISR y les aplicaron un impuesto mayor.

Para Telmex fue un negocio redondo:

   1. Por lo pronto, ya no tuvo que reservar de sus arcas los millones de pesos que pagaría si Hacienda decide cobrar el impuesto al 105% no deducible del premio al fondo de ahorro, pues ya nos retuvo de nuestros bolsillos ese dinero.

  2. Nos retuvo 1.53% del salario diario, por lo que el aumento del 3.2% pactado el 25 de abril se convirtió en 1.67%.

   3. Y si bien se nos regresó en diciembre ese 1.53% al pagar el ahorro con el 11.53%, sin embargo la inflación real que tuvimos en el año se lo comió.

 4. Pero por el contrario, la empresa estuvo jineteando el monto total de los ahorros de los activos y jubilados desde enero hasta la primera semana de diciembre de 2016, quedándose con la ganancia de ese jineteo.

  5. Los millones de pesos retenidos de impuesto al ahorro los seguirá jineteando hasta que la Secretaría de Hacienda decida si los cobra.

   6.  En caso de cobrarlos, si Hacienda decide que lo paguemos los telefonistas, se embolsará lo que ganó por el jineteo; pero si decide que sea el patrón quien los pague, entonces pagará menos debido a la ganancia que le reportó el jineteo de nuestro dinero.
   7.  En el caso de que Hacienda condone el pago del impuesto por el ahorro, nos tendría que regresar la retención que nos hizo, pero ya ha-bría ganado por el jineteo de esos millones de pesos. Nosotros perderíamos por el alza significativa de los precios que tenemos en la actualidad.

En conclusión, por cualquier lado que le miremos, la empresa termina ganando y el trabajador perdiendo, mientras nuestro secretario general, defensor a ultranza de los dineros de Telmex, en vez de que haga valer que es el patrón el que debe pagar ese impuesto, nos sigue repitiendo una y otra vez el discurso empresista.

Unos días después, a principios de diciembre, a los telefonistas de la Sección Matriz se nos dio otro golpe a nuestros ingresos con la aprobación de la nueva ley que gravará la plusvalía de los bienes inmuebles, significando un doble impuesto al valor de los terrenos, casas y departamentos, del cual solo se beneficiarán los sectores oligárquicos que controlan el gobierno de la Ciudad de México.

Y por si fuera poco, se remata con el gasolinazo por parte del gobierno federal, con aumentos del 14 al 20% que ya están provocando fuertes alzas de precios en todas las mercancías y servicios, así como del gas, que en el caso del de uso doméstico pasa de $240.00 hasta $270.00 o más porque ya se liberó su precio. De por sí tenemos que cargar con la cuesta de enero, ahora se ha agravado profundamente por el aumento a los combustibles.

Es totalmente falso que el aumento a la gasolina  se deba al aumento del precio del petróleo en los mercados internacionales, pues cuando el precio del barril llegó a los 147 dólares en 2008, no fue necesario aumentar los precios de las gasolinas como se ha hecho hoy.

Como no había sucedido en décadas, esta funesta decisión – tomada por el gobierno actual y por los grandes millonarios que son dueños del país-, ha provocado el descontento social, que han calculado con extremada frialdad, al ser el gobierno mismo quien desató la ola de saqueos para tratar de justificar la represión a la población que protesta.

Cualquier semejanza con algún comisionado o representante sindical
es pura coincidencia

Pero a pesar de la gran ola de protestas en todo el país, siguen ciegos al grave impacto que provocaron no sólo en la economía de los trabajadores, sino al funcionamiento entero de la economía nacional, pues ese 20% de aumento a las gasolinas se convierte en incrementos mayores a los costos de producción de todas las ramas productivas y del consumo popular. A cambio, el gobierno priísta tendrá una gran cantidad de dinero porque dicho aumento equivale a un gran impuesto que le llenará las arcas para financiar su campaña presidencial.

Pero no es el único beneficiado; también los grandes monopolios y corporativos empresariales ligados a la industria energética. No es casual que en 2016 la Secretaría de Energía haya otorgado 402 permisos de importación de gasolinas como parte de la llamada reforma energética.

Como rebanadas al jamón, así son los recortes a nuestro Contrato Colectivo de Trabajo: en salario, a las prestaciones sociales, las jubilaciones, las vacantes, el trabajo a destajo, las sobrecargas de trabajo, la mutilación vergonzosa de nuestra materia de trabajo, las violaciones a capacitación, entrega de cláusulas como las relativas a nueva tecnología, previsión social, seguridad e higiene, días económicos, pago de inglés, pago de tiempo extra, uso de vehículos, seguros de vida, gastos funerarios, fondo de ahorro, etc., etc.  Así lo presumen los comisionados del Comité ejecutivo nacional de Hernández Juárez: “Cuarenta años llevamos en esta rutina anual de sentarnos a ver con qué nos sale Telmex para perjudicarnos”. “Y no la libramos”, responde otro comisionado; “y todo ha sido de común acuerdo desde hace 40 años”, responde la alta dirección de Telmex.

Queremos ver que el eterno secretario general organice al sindicato para movilizarse no nada más contra el gasolinazo sino también contra todas estas afectaciones. La última de éstas, los impuestos al pueblo trabajador (Impuesto al fondo de ahorro), es un clamor generalizado y como trabajadores conscientes e informados debemos engarzar nuestra lucha a la demanda de:

¡NO MÁS IMPUESTOS!

¡NO MÁS IMPUESTOS AL PUEBLO TRABAJADOR!

¡NO AL GASOLINAZO!

¡QUE DEVUELVAN LOS POLÍTICOS TODO LO QUE SE HAN ROBADO! ASÍ NO HABRÍA NINGÚN BOQUETE PRESUPUESTAL.

Telefonistas Activos y Jubilados

Enero de 2017