Separar en una
empresa diferente a Telmex la red local y lo que denominan infraestructura
pasiva (torres, postes, ductos, pozos, registros, estaciones, radiobases,
sitios de transmisión “y los demás existentes”) implica partir en dos a Telmex.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones, brazo gubernamental de los grandes
oligarcas de las telecomunicaciones en nuestro país, incluido el emporio de los
Slim, impuso que esta nueva empresa se quede con los servicios mayoristas
relacionados con dicha red local y la infraestructura pasiva.[1]
Pero hay
otros servicios mayoristas que no están relacionados con la red local y los
postes, ductos, pozos, etc. De estos, Telmex dice que el IFT decidió lo
siguiente: “El resto de los servicios mayoristas serán prestados por una unidad
de negocio en Telmex-Telnor distinta a la que presta los servicios de
telecomunicaciones a usuarios finales.”[2]
Esta unidad de
negocio puede ser un área dentro de Telmex-Telnor, una filial o una subsidiaria.
En realidad el IFT no especifica.
Y la pregunta
central sigue siendo la misma: ¿En realidad con esta imposición del IFT Telmex
dejará de ser empresa dominante y el mercado se repartirá entre otras empresas
en las que ninguna concentre más de la mitad? Y la respuesta también sigue
siendo la misma: NO.
No, porque la
separación es una medida organizacional y administrativa. Las otras medidas:
facilitarle a las empresas competidoras el uso de la red de Telmex casi gratis
y brindarles gratis la tecnología con que cuenta Telmex,[3]
no va a provocar un cambio drástico en la estructura del mercado mexicano de
las telecomunicaciones porque el problema central es de inversión.
¿Los usuarios
preferirán irse con una empresa revendedora u otra de telecomunicaciones que no
cuente ni con la tecnología ni con la infraestructura para garantizar la
calidad del servicio que vende porque no está dispuesta a realizar las grandes
inversiones de capital que demandan las telecomunicaciones? NO.
Solo con grandes inversiones de
capital por parte de empresas como ATT, Telefónica, IZZI y Telmex misma es
posible reconfigurar el mercado de telecomunicaciones. Pero la gran limitante
de esto es que no es económicamente viable meterle tanto dinero a esto mientras
tengamos un país con el 80% de su
población en condiciones de pobreza. Estas son las consecuencias de las
políticas públicas de los gobiernos neoliberales de mantener una mano de obra
baratísima, precarizada, como gancho para atraer capitales externos.
De esta suerte,
lo que tendremos con las medidas del IFT será una destrucción gradual del
mercado de telecomunicaciones, su achicamiento, y con ello una
desindustrialización de la rama, pues para ninguna empresa resultará rentable
invertir grandes masas de capital cuando la ganancia no está garantizada con
este nuevo esquema regulador.
De momento, de los 3,883 concesionarios y 1,197
permisionarios y autorizados existentes[4],
los peces gordos sacarán jugo de esta regulación, pero será producto de cómo
quede negociado el saqueo a Telmex-Telnor. Y después de esto, el debilitamiento
de las telecomunicaciones.
Las dos
decisiones administrativas y organizacionales le benefician a Telmex-Telnor: la
separación de la red local y la pasiva en una nueva empresa, más una nueva
división que se lleve el mercado mayorista, disminuirán el peso de los Activos
Totales, bajarán los costos y también el pago de impuestos. Todo esto hará
subir sus ganancias en plena tormenta regulatoria.
Los
grandes perdedores, si lo permitimos, seremos los trabajadores, particularmente
los de Telmex, pues constituye un gran golpe al contrato colectivo de trabajo,
al partirse casi por la mitad. Esto le brindará la ocasión al patrón para
tratar de afectar nuevamente las prestaciones. Al separar la red local y la
infraestructura pasiva, los telefonistas que vayan a caer en esta nueva empresa
entrarían en la incertidumbre de una negociación donde en el mejor de los casos
sus derechos actuales quedan amparados, pero no así los de los trabajadores de
nuevo ingreso. Como se ha visto, a estos últimos se les rasuran las principales
prestaciones y los que ganan son los dueños del negocio.
La sola
partición debilita el contrato colectivo de trabajo. Y con el vetusto líder,
sumiso a los intereses de la familia Slim, la negociación para preservar sus
derechos ahora en la nueva empresa se convierte en una gran oportunidad para
los dueños de Telmex de reducir los costos a expensas del telefonista.
Pero los
telefonistas que se queden en Telmex-Telnor también salen perjudicados porque
reducida su plantilla casi a la mitad, se debilitará su fuerza de acción y de
negociación. Divide y vencerás.
Todas estas
razones no dejan lugar a dudas: los trabajadores sindicalizados que componen
todo el sindicato de telefonistas debemos impedir la fractura de Telmex, porque
equivale a impedir la fractura de nuestro contrato colectivo de trabajo y de
nuestra fuerza.
Nosotros
afirmamos categóricamente que no es
necesario partir en dos o tres empresas a Telmex para que se cumplan los
requisitos del IFT en torno a la dominancia y por lo tanto, no es necesario
tampoco afectar nuestro contrato colectivo de trabajo.
Como se
presentan las cosas, el golpe a nuestro contrato colectivo viene tanto de parte
del gobierno federal a través del IFT como de los mismos dueños de Telmex, y no
dudamos que estén acomodando las piezas para que más adelante le autoricen a
Telmex la transmisión de señales de TV a través de esa nueva empresa producto
de la partición o mediante una filial, en caso de que impidamos la fractura de
Telmex.
Hernández Juárez ha establecido un plan de movilización, hasta llegar a la huelga, aunque esto último nunca lo ha llevado a cabo. Las 4 huelgas de 1978, 1979 (2) y 1980 fueron decisión de la base; él estuvo en contra de las cuatro huelgas, aunque ya se sabe el caminito de aceptar nuevas empresas
con contratos colectivos precarios o incluso con contratos de protección,
aunque eso sí, cobrando las cuotas sindicales.
Hoy, como en
otras ocasiones, es nuestro deber la defensa del CCT que nos heredaron otras
generaciones de telefonistas; que lucharon, se sacrificaron, fueron a huelgas, algunos fueron encarcelados,
otros fueron despedidos y hoy no gozan de jubilación, y aun así no se rindieron
por conseguir mejores condiciones de vida para las generaciones futuras. No
tenemos derecho a defraudar a esos compañeros, ni a nosotros, ni a los que
vienen después de nosotros.
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