Exigimos el derecho a
ser informados
Los
sectores de la economía nacional que no fueron afectados por la apertura
comercial signada en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, tales
como los hidrocarburos, el gas, la industria eléctrica y las telecomunicaciones
ahora fueron el botín tanto para los grandes ricos del país como para el
capital extranjero. La rapiña y el robo, el desmantelamiento y la destrucción
de las cadenas productivas de esos sectores fueron legalizadas con los cambios
recientes a las diversas leyes.
Una
de estas reformas, llamadas estructurales por el grado de afectación, es la de
telecomunicaciones con sus leyes secundarias, que va totalmente dirigida a
repartir el mercado de telecomunicaciones en tres grandes monopolios y que tiene
implicaciones directas en los derechos laborales de los telefonistas y en su
materia de trabajo, particularmente en el contrato colectivo firmado con
Telmex.
Al
considerar tanto a Telcel como a Telmex como un monopolio “preponderante”, se
van contra su peso en el mercado mexicano de telecomunicaciones. Pero esta
reforma no afecta a Televisa ni a TV Azteca, ya que el actual presidente
impuesto por la oligarquía ha cuidado celosamente a estas cadenas televisoras,
pues fueron ellas quienes llevaron a Peña Nieto a la presidencia. No las perjudica
y por el contrario las beneficia en todos los sentidos.
Pero
aún con todo lo bien armado de este teatro, los telefonistas no debemos bajar
la guardia ante la posibilidad de que este reparto del mercado sea aprovechado
para golpear nuestros derechos laborales y nuestro empleo, pues no sería la
primera ocasión en que Slim aprovecha las circunstancias para reducir costos
pasándonos la factura a los trabajadores, haciéndonos creer que esto se debe a
los cambios en las reformas mencionadas.
Por
los medios informativos los telefonistas sabemos que los dueños de América
móvil y Telmex contrataron al Banco de América para vender una parte de estas
empresas o una parte de su mercado. También por las noticias periodísticas,
paradójicamente de aquellos columnistas que están al servicio de los Azcárraga
y los Salinas Pliego, se ha comentado una probable forma de venta consistente
en venderle a AT&T el segmento de telecomunicaciones que conforman
básicamente los estados de la franja del Golfo de México. Pero estas son
noticias sólo de medios informativos.
Lo
lógico, lo razonable, sería que a través de los directivos de Telmex y América
Móvil, así como de la dirección nacional del Sindicato de Telefonistas,
supiéramos de manera directa y oficial la manera en que se pretende vender
parte del negocio para dejar de ser “preponderantes”, a fin de que el Instituto
Federal de Telecomunicaciones pueda autorizar a Telmex el acceso al negocio de
la televisión.
Pero
nada. Ni la familia Slim ni el vetusto líder de los telefonistas, Hernández
Juárez, abren la información a los trabajadores. Cuando este último da la cara,
sale con el desgastado y viejo discurso del apocalipsis telefonero para después
erguirse como el único, el indispensable, el semidios que todo lo va a
resolver. Pero de información precisa y clara, tampoco hay nada.
¿Es
que cuando uno contrata a alguien para vender algo, por ejemplo, un inmueble,
no sabe aún cuánto va a pedir, qué va a vender, en qué condiciones lo va a
hacer? Por supuesto que sí. Si yo contrato a nada más y nada menos que a uno de
los bancos norteamericanos más importantes de la economía mundial para vender
parte de mis bienes es porque ya sé exactamente qué voy a vender y cómo lo voy
a hacer.
Pero
sin embargo, a más de una semana de que esta noticia salió a la luz, a los
trabajadores telefonistas se nos oculta la información. Es inconcebible que en
las reuniones y asambleas de los telefonistas el Secretario General del
sindicato finja demencia.
¿Qué
hay con la materia de trabajo de la que somos titulares? ¿Qué hay de aquellos
puestos de trabajo que saldrán afectados por la venta? ¿Qué pasará con los
derechos laborales amparados en el contrato colectivo de trabajo? A todo esto
se le escurre el bulto, a pesar de que legalmente quedó establecido que no
habría afectación a los derechos laborales de los trabajadores.
Pero
el vacío de información genera la duda y motiva la incertidumbre. Tanto los
dueños del negocio como los “dirigentes” sindicales están obligados a darnos
información y sobre todo, certidumbre, pues la ley no dice que se
repartirá el sector de telecomunicaciones a costa de los derechos de los
trabajadores.
TELEFONISTAS MEXICANOS ACTIVOS Y JUBILADOS
Septiembre
de 2014
